Información para la Prensa N°: 290/16.

En un acto celebrado anoche en el Palacio San Martín se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La conmemoración fue presidida por el representante Especial de la Cancillería para Derechos Humanos en el ámbito Internacional, Leandro Despouy.

Ante representantes de los organismos defensores de los derechos humanos, parlamentarios, integrantes del Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, Despouy expresó ayer que la conmemoración recuerda el dolor de los familiares y de las víctimas, y al mismo tiempo la lucha por establecer mecanismos nacionales e internacionales para erradicar el flagelo de las desapariciones forzadas. Fue como consecuencia de la lucha de los organismos de derechos humanos y de muchos Estados –entre los que se encuentra la Argentina– que se propusieron erradicar esta metodología, que las Naciones Unidas estableció una Convención internacional contra las desapariciones forzosas, y consagró el día 30 de agosto como día internacional de la victimas.

Asimismo, señaló que el acto de ayer ratifica la voluntad de dar continuidad a los compromisos asumidos por la Argentina a nivel internacional y continuar el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, depositando en la independencia de la justicia esa importante tarea, para que no haya revanchas ni venganzas.

Participaron además el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Rabino Sergio Bergman, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Brian Schapira, la vicepresidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit; Ida Iburrusteta de Micucci de Madres de Plaza de Mayo Línea de Fundadora; Gisela Cardozo, de la APDH; Valeria Barbuto, directora de Memoria Abierta, y Graciela Lois, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.

La Convención de desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2006, obliga a los Estados a tipificar la desaparición forzada como un delito autónomo e insta a los Estados a adoptar una serie de medidas para la prevención, investigación, procesamiento y castigo de quienes resulten responsables. La Argentina participó en la elaboración de dicha Convención, designó a un experto en el Comité de Seguimiento y promueve su ratificación a nivel universal.